El secretario de Bienestar Social, Francisco Molina, participó en el acto de implementación y corte simbólico de la cinta inaugural del Modelo de Atención Integral de Justicia Penal Juvenil -MAIJU-, creado a instancia del Ministerio Público –MP-. Este tiene como objetivo brindar una atención inmediata, integral y especializada a las y los adolescentes en conflicto con la Ley Penal.

Jhonny Morales, de la Fiscalía de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, indicó que la naturaleza del MAIJU permite coordinar con todas las instituciones para garantizar una atención integral, basada en los derechos humanos y especializados para cada perfil. Ello procura una reinserción social exitosa al prestar asistencia jurídica, social, pedagógica y médica, así como otros servicios de acuerdo con las necesidades de cada uno.

Resaltan trabajo de la Familia SBS

Amalia Mazariegos, secretaria del Área de Protección Para la Niñez, Adolescencia y Justicia Juvenil, explicó que el Modelo de Justicia Penal Juvenil promueve la desjudicialización, la utilización de alternativas a la privación de libertad por medio de la coordinación intra e interinstitucional de los servicios de justicia y de atención, para lograr que se cumplan los fines educativos, de reinserción y resocialización.

En octubre pasado, el secretario Francisco Molina firmó el convenio para implementar el MAIJU y ahora ya es una realidad.

La fiscal general, María Consuelo Porras, expresó que el tema de las y los adolescentes ha sido una de sus preocupaciones durante los años que se ha desempeñado en la administración de justicia, pues deben enfrentar un sistema de justicia diseñado para adultos. “Esperamos que de alguna manera estos adolescentes que han perdido el rumbo, encuentren en el MAIJU una luz para un futuro mejor”, finalizó.

En el acto participaron tanto física como de manera virtual las 15 instituciones adscritas al convenio. Estas son: el Ministerio Público, Organismo Judicial, Instituto de la Defensa Pública Penal, Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

Así como los ministerios de Gobernación, Desarrollo Social, Salud Pública y Asistencia Social, Trabajo y Asistencia Social, Educación. Así como la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas, Municipalidad de Guatemala y Procuraduría General de la Nación.